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Como reclamar facturas a las administraciones públicas

La diferencia para reclamar a la administración pública es que, necesitamos presentar con carácter previo, una reclamación administrativa, cuyos términos y pretensiones nos van a vincular para el procedimiento judicial que, en su caso, debamos iniciar, de ahí que siempre alertamos de lo esencial de esta parte del procedimiento.

La reclamación administrativa previa, es un escrito sucinto dirigido al órgano que tiene que pagar las facturas, identificando: origen del crédito (ejecución de obra, suministro mercancías, cursos de formación etc); si se reclama principal de facturas impagadas, intereses de demora, o ambas cosas; órgano que contrató; periodo al que se refiere la deuda, importe total en concepto de principal, intereses devengados hasta la fecha, advertencia de reclamarse judicialmente de continuar la situación de impago (con intereses y gastos y costas).

Existen 2 procedimientos para interponer una reclamación de cantidad contra la administración, por un lado el previsto en el artículo 3 de la Ley 15/2010 y por otro lado, el procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulador de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

A). Procedimiento descrito en artículo 3 de la Ley 15/2010. ( 1 mes)
Transcurrido un mes sin que haya una respuesta por parte de la Administración, podremos interponer recurso contencioso-administrativo, ( ley contrato sector público y ley lucha contra la morosidad) en el que podremos solicitar la imposición de medidas cautelares, es decir el pago cautelar de la deuda mientras se resuelve el asunto, el cual será concedido salvo los casos en que no se den las circunstancias que justifiquen el pago o en que la cuantía reclamada no corresponda a la que es exigible.

B). Procedimiento previsto en el artículo 29 de la LJCA.( 3 meses).
Si, por el contrario, en el plazo de un mes la Administración da respuesta a la reclamación interpuesta por escrito estaremos a lo establecido en el procedimiento previsto en el artículo 29 de la LJCA, la segunda vía de reclamación, que prevé que si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación la Administración no hubiera cumplido su obligación se podrá interponer recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.

 

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